O compromiso polo dereito a cidade. Europa nun mundo cambiante.
Reproducción do artígo de Dª. Almudena Fernández Carballal, membro do Grupo de Investigación Derecho Público Gobal, publicado no medio La Voz de Galicia.
Durante muchos años, en Galicia se ha venido presenciando un panorama municipal claramente dual. Dos modelos diferenciados en razón de factores sociales, económicos, culturales y territoriales: un modelo urbano y un modelo rural, en el que, con signos evidentes, ha prevalecido el urbano: crecen los tamaños de las ciudades y la difusión de modelos periurbanos de transformación de suelo en los bordes externos de las mismas. Hemos visto, y sufrido, una ocupación y consumo del suelo sin el debido control y estándares de calidad de vida impropios durante largos años. Un urbanismo hacia fuera que nunca compartí y que le dio cobertura una regulación liberalizadora del marcado del suelo que fracasó como no podía ser de otra manera. Entonces comenzó la crisis económica de los años 2017-2018. Europa nos daba avisos, recuerden el Informe Magret Auken, 2009. Era todo bastante obvio. La realidad social gallega es similar a muchas aldeas de Europa y a la aldea global. Aquí, los núcleos de población rurales son de alrededor del cincuenta por cien de toda España, con un alto porcentaje de población rural.
El espacio y la sociedad rural en Galicia y en España han ido perdiendo su protagonismo tradicional y han vivido una etapa de claro retroceso demográfico y funcional, solo compensada por los efectos de la vinculación entre el campo y la ciudad. Esto es, la dinamización del campo al asumir nuevas realidades y actividades en su medio. Es el turismo, las actividades recreativas y de ocio o las segundas residencia. Claro que la revitalización del medio rural es necesaria, pero también tranquilizar el urbanismo de expansión. El derecho a la ciudad (Carta Mundial del Derecho a la Ciudad), el desafío de la «ciudad» (uno de los 17 objetivos de la agenda mundial del desarrollo sostenible de Naciones Unidas, objetivo 11) o la preocupación por la ciudad y por la persona es fundamental, para que en el entorno urbano se puedan realizar sus derechos sociales o los que son debidos por razón de la justicia en un Estado social y democrático de Derecho. No importa que estén positivizados o regulados en concretos artículos de una concreta ley para que sean de aplicación. De ahí, la necesidad, y mi preocupación prioritaria en el conocimiento de Buena Gobernanza urbana y en un urbanismo de conservación o de regeneración de tejidos urbanos ya consolidados. El medio rural exige responsabilidad y Buena Administración, aunque depende de otros factores distintos al técnico-legal del acervo urbano que ayudan a enmarcarlo en un contexto de solidaridad social.