Presentación

La creciente preocupación por las zonas costeras constituye uno de los asuntos centrales en las políticas ambientales de muchos países del mundo, en la medida en que ya soportan más de la mitad de la población mundial y la implantación de muchas actividades e instalaciones que tienen su lógico emplazamiento en el litoral (pesca, acuicultura, puertos, turismo, transportes marítimos, etc.), actividades que, en ocasiones, no son fácilmente compatibles.

Desde la aprobación de la norma de gestión costeras de los Estados Unidos (Coastal Zone Management Act de 1972) muchos países emprendieron sus políticas de protección y ordenación del litoral. Y en los instrumentos internacionales sobre medio ambiente la temática sobre la sostenibilidad del litoral es recurrente (cfr. por ejemplo, el Capítulo 17º de la Agenda XXI aprobada en la Conferencia de Río de Janeiro de 1992).

La “gestión integrada de las zonas costeras” (conocida también bajo las siglas GIZC) tiene por objetivo “equilibrar a largo plazo dentro de los límites impuestos por la dinámica natural y la capacidad de carga de la zona los beneficios del desarrollo económico y de los usos de la zona costera por los seres humanos, de la protección, preservación y restauración de las zonas costeras, de la reducción de las pérdidas en términos de vidas humanas y de daños a las cosas y del acceso y disfrute públicos de la costa” (J.M. BARRAGÁN). En la actualidad, la GIZC ha tenido un gran desarrollo científico y es objeto de monografías, revistas especializadas, cursos de especialización, etc. Muy relacionada con la ordenación del territorio, la GIZC se está introduciendo en las políticas públicas ambientales a lo largo del mundo. En este apartado del Observatorio del Litoral pretendemos ofrecer algunos ejemplos y modelos de GIZC y, en particular, las iniciativas que se están desarrollando en el Estado español.

Otro de los aspectos que en los que se centra esta línea de investigación del grupo es la seguridad marítima. La catástrofe del Prestige ha marcado un hito en la historia reciente de España, con una explicable repercusión internacional. Fue importante desde el punto de vista medioambiental y económico. Incidió también en capas profundas del espíritu colectivo, que resultó conmocionado por la reiteración de los accidentes, muy singularmente en la ruta atlántica europea que bordea a Galicia, y por la sensación de vulnerabilidad. Fue una nueva llamada atención a la comunidad internacional y a los poderes públicos nacionales, para avanzar más decididamente en la prevención e intervención de las emergencias y hacer que sea cada vez más difícil su producción en un mundo crecientemente interrelacionado, del que hay que eliminar sus efectos negativos. Ha de reconocerse que, a golpe de catástrofes, se ha promovido la mejora de los mecanismos de prevención, así como del tratamiento y reparación de los daños causados. Queda todavía un amplio campo por andar, porque, en alguna medida, se corre el peligro del relajamiento, superados los momentos críticos y sus inmediatas secuelas.

Las instituciones jurídicas y las Administraciones Públicas han de adaptarse a los nuevos problemas que origina la civilización del riesgo en la que nos encontramos inmersos, que reclama, lógicamente y de modo cada vez más imperioso, seguridad, que ha de procurarse de la mano del progreso y del impulso de una democracia solidaria y cooperativa. Como reconoce el libro verde sobre los servicios de interés general, presentado por la Comisión, “la seguridad y la protección se han convertido en un prioridad en Europa”, que el accidente del Prestige ha puesto más aún en evidencia, como allí se cita.